Mala universidad

No puedo evitar añadir un nuevo comentario sobre la universidad española. Les advierto que esto no se refiere a un caso de malaprensa, pero pienso que es extraordinariamente importante, y que hay una cierta conexión con el tema de esta página.

Verán, El Pais del sábado trae esta llamativa noticia: "Tres años de cárcel a una profesora universitaria por falsificar el examen del hijo del decano". Les resumo los hechos: en 1999 el hijo del decano de la facultad de medicina de la Universidad de Cádiz, Jesús María Rosety, se presentó a un examen de fisiología, que contenía preguntas de tipo test y otras "de desarrollo". Las múltiples correcciones en la parte de test, y el contraste entre la nota de esa parte y la de desarrollo, llamaron la atención de un profesor, que informó sobre el tema a la directora del área, Carmen Estrada, y finalmente se descubrió que María José Rodríguez, profesora y secretaria del departamento, había cambiado las respuestas del hijo del decano, cosa que confesó ante la directora del área y ante un vicerrector. Hasta aquí, estamos ante un simple caso de delincuente que es pillado. Pero lo interesante viene ahora: ¿cómo reaccionó la universidad?

Este reconocimiento sólo tuvo como consecuencia la modificación de la calificación del alumno, que pasó de "apto" a "no apto". Rosety no reclamó, no se presentó a la asignatura ese año y la aprobó al año siguiente, indica el texto del Supremo.

El vicerrector y Estrada decidieron dejar las cosas "como estaban", y mantuvieron a Rodríguez en el departamento. Estrada incluso recomendó que se la volviera a contratar para el curso 1999-2000, porque consideró que si no lo hacía se "difundiría la noticia, con mayor daño de todos".

Ya ven, un alumno cuyo examen ha sido falsificado recibe como todo castigo el cambio de nota. La profesora que ha realizado tal fechoría no recibe ningún castigo. No sólo eso, al año siguiente se propone que se renueve su contrato temporal.

La historia nunca hubiera pasado de ahí, si no fuera porque poco después la profesora se presentó a un concurso para una plaza de funcionaria, y recurrió la resolución que no se la daba, llegando a presentar una denuncia por "coacciones y amenzas" contra Estrada y otro profesor. En ese juicio se hizo público finalmente el asunto del examen falsificado, y el fiscal inició, por su propia iniciativa, acciones contra ella, que son las que le llevan a hora a la cárcel.

Se trata de un caso extremo, pero en mi opinión, los dos párrafos que he citado más arriba expresan sucintamente el drama de la universidad española: la falta generalizada de rigor y estándares públicamente aprobados y sancionados, no sólo de calidad, sino de mínima decencia, tanto para los alumnos como para los profesores. Asi, todo el mundo se toma a risa la copia en los exámenes, como algo que, como mucho, lleva a suspender el examen y tener que presentarse en la siguiente convocatoria. Lo mismo pasa con los plagios en los trabajos de los alumnos: la mayoría no saben ni lo que es, y los hacen de manera masiva, sin pensar ni por un minuto que aquello pueda estar mal. En otros países estos comportamientos llevarían a la expulsión de la universidad.

Respecto a los profesores, no quiero decir que todos sean corruptos o ineptos. No, lo que quiero decir es que el que es bueno, y trabaja bien (y hay muchos), lo hace por su propia vergüenza torera, o por la presión informal de su grupo de investigación o docencia, o de su área o su departamento, en su caso, no porque el sistema organizativo, de sanciones e incentivos funcione.

No funciona. Y así todos los que estamos en la universidad conocemos casos de comportamientos inaceptables que no llevan consecuencia negativa alguna. Hay profesores conocidos porque dan sólo una pequeña parte de sus clases (pero claro, es funcionario, y es ya mayor, y qué le vas a hacer...); hay quien deja de dar clases unos meses porque está muy ocupado preparando su oposición; hay quien no da clase el mes de octubre, cuando casualmente no hay hojas de firma en las clases; hay quien dice a los alumnos que no se presenten en septiembre porque está muy ocupados y no corregirá los exámenes; hay profesores que dejan de dar clase unos meses y encasquetan el trabajo docente a sus compañeros (normalmente subordinados).... Por no hablar de los profesores que una vez conseguida su posición de funcionario dejan prácticamente de realizar cualquier tarea de investigación y se limitan a la pura docencia. Insisto en que estos comportamientos no son generalizados. Probablemente son incluso hoy menos frecuentes que hace unos años. Pero lo importante es que la universidad como sistema no los persigue y sanciona.

La solidaridad profesional mal entendida puede llegar incluso, como se ve en la noticia, a encubrir y renovar el contrato de una profesora corrupta, y de paso tapar las vergüenzas de un decano. Por cierto, que la noticia no dice nada sobre las sanciones que la Universidad de Cádiz ha aplicado, tras conocerse la historia, al decano, a su hijo, a la directora del área, y al vicerrector,. Estos últimos, a fin de cuentas, encubrieron un delito que ahora lleva a tres años de cárcel. No sé por qué, pero sospecho que esas sanciones no han existido.

Si a esa tolerancia sumamos que todas las tesis doctorales tienen, casi sin excepción, la nota máxima; que la inmensa mayoría de plazas de funcionarios se consiguen en concursos en los que se presenta una sola persona, que era quien estaba previamente contratado haciendo la misma función docente; que en esas oposiciones se presentan unos tochos de "proyectos docentes" que nadie se toma en serio, y que se saben muchas veces "inspirados" en otros anteriores... nos encontramos con un clima bastante generalizado de falta de rigor, y de falta de meritocracia, donde el progreso en la carrera académica depende sobre todo de estar en el sitio adecuado en el momento justo, cumplir con las formalidades, esperar los años correspondientes a que le saquen a uno "su plaza" y no enemistarse con nadie importante. Insisto: muchos hacen su trabajo bien, pero el sistema no les premia, ni castiga a los que no lo hacen.

Como decía al principio, esto no es malaprensa, pero hay un cierto aire en común entre ambas cosas, puesto que muchos de los vicios son comunes: tono general de falta de rigor, de "todo vale", de indiferencia ante el trabajo bien o mal hecho, combinado con una mal entendida solidaridad profesional, y una aversión igualitarista a la meritocracia.

Lamentablemente, la mayor parte de la opinión pública ignora estos problemas. El gobierno anterior amagó con intentar atacar algunos de estos problemas, pero propuso soluciones burocráticas y poco imaginativas, que acabarán siendo burladas por la inercia del sistema. El gobierno actual parece totalmente al margen de estas preocupaciones, así que casi nada cabe esperar de él en esta dirección. Lo siento, pero soy pesimista.

Si quieren más (y mucho mejor) sobre estos temas, y si pueden acceder (son de pago), lean los artícuos recientes de Ignacio Sotelo en El País: "De continente a islote"y "Universidad de asignaturas o de titularidades". De un artículo anterior, de mayo de 2004, "Nuevo gobierno en un ciclo nuevo", me permito extraer este párrafo con el que estoy casi completamente de acuerdo:

Me temo que los socialistas, en su afán de diálogo con la institución universitaria, vuelvan a cometer los errores del pasado, pero esta vez agravados. Tres son las exigencias de la Universidad en su actual estructura: más dinero, estabilidad en el empleo y en ningún caso competir. Cierto que una reforma cabal de la Universidad probablemente necesite de mayores recursos financieros, pero éstos por sí solos no cambian el panorama. Si los rectores piden más dinero es para repartirlo entre su clientela, única forma de ser reelegidos; sin un cambio radical en la gobernación de las universidades y en su forma de funcionamiento, más dinero podría incluso empeorar la situación. El error más grave de los socialistas en su anterior etapa es haber funcionarizado a la masa de profesores no numerarios, cerrando las puertas a la docencia universitaria a los mejores de las generaciones posteriores. Repetir tamaño error -y me temo que la presión en este sentido será muy fuerte- es acabar ya definitivamente con la esperanza de una mejor Universidad, con las terribles consecuencias económicas y sociales que esto tendría para nuestro futuro. En fin, la Universidad en su actual estructura, con una mayoría de sus miembros, estudiantes y profesores, satisfechos, lo que más repudia es tener que competir: una universidad con otra, un departamento con otro, un profesor con sus colegas, un estudiante con los demás. Una vez que todos los profesores cuenten con un empleo fijo y sueldos parecidos y todos los estudiantes sean admitidos y sin gran esfuerzo consigan un título, el principio igualitario, sedicentemente de izquierda, es repartirse por igual los recursos crecientes que se consigan. Lo que reciba una universidad ha de recibirlo la otra, sea cual fuere su rendimiento, y las ayudas que se den a un profesor las han de recibir los otros, sin tener en cuenta calificación ni logros. Nada de seleccionar a los estudiantes, ni apoyar la excelencia de profesores y alumnos. Si el Gobierno se deja influir por las estructuras de poder que hoy dominan la Universidad, en esto podría consistir la política socialista. Y lo angustioso es que de la política educativa depende toda la política social del futuro.

Mucho me temo que va a tener razón.