¡Esos diputados especuladores! O a lo mejor no tanto

Un doctorando en sociología, que estudia temas de vivienda, se queja en Twitter de que "la mayoría de las diputadas y diputados del Congreso tienen múltiples viviendas en propiedad. Seguro que muchas de estas viviendas las tienen alquiladas. ¿Estas son las personas que van a legislar para poner fin a la burbuja inmobiliaria y garantizar el derecho a la vivienda?"

En el tweet enlaza a una imagen de una noticia de El Periódico, publicada este sábado, que llevaba este titular:

El 19% de los diputados del Congreso
tiene tres viviendas o más

Hasta donde yo sé, el 19% no es la mayoría, sino más bien una clara minoría. Mal por el sociólogo en ciernes, que esperemos que en su tesis tenga más cuidado.

Pero además, ese porcentaje de El Periódico es también seguramente hinchado, ya que cuenta como "tener una vivienda", tener cualquier porcentaje de propiedad en una vivienda.

Veamos un ejemplo. Entre las diputadas de Podemos, según El Periódico, la que más viviendas tiene es María Auxiliadora Honorato, que "posee cuatro viviendas". En el registro de intereses del Congreso podemos ver esas cuatro viviendas: una de ellas está en Sevilla, y la tiene en pleno dominio, adquirida por compraventa. De las otras tres (dos en Cádiz y una en Salamanca), tiene participaciones del 25%, adquiridas por herencia. Decir que la diputada "posee cuatro viviendas" es una completa distorsión de la realidad. Participa en la propiedad de cuatro viviendas, pero en realidad podría decirse, tal vez, que "posee 1,75 viviendas".

Todavía más, en el mismo registro de intereses consta que en junio de 2016 la diputada tenía aún por pagar 137.000 euros de los 165.000 que le había concedido el banco, presumiblemente, por la fecha de la concesión, para la compra de la única vivienda de la que es propietaria en solitario. Suponiendo que la hipoteca fuera por el 80% del valor de esa vivienda (que serían unos 206.000 euros), lo que le quedaba por pagar sería aún el 66% del valor de la misma. Es decir, que tiene pagada el 34% de su casa, por lo que casi podríamos decir que el total de sus propiedades equivale más bien a poco más de una vivienda (34% de una, 25% de otras tres). Pero para El Periódico, "posee cuatro viviendas".

Naturalmente, no he podido revisar todas las declaraciones de los diputados, y algunos, como Toni Cantó, sí parece que "poseen" el número de viviendas, cinco, que le atribuye El Periódico (o al menos no ofrece datos suficientes en su declaración de bienes como para deducir otra cosa). Con todo, no sabiendo cuántos casos se parecen más al de la diputada Honorato, y cuántos al del diputado Cantó, los cálculos de El Periódico hay que ponerlos claramente en cuarentena.

De hecho, en realidad, a partir de una cierta edad, en la que se van muriendo los progenitores, es tan común en España que la gente sea copropietaria, con sus hermanos, y/o con el padre o madre, de alguna vivienda familiar, que no me extrañaría que el número real de diputados que sean copropietarios de múltiples viviendas fuera mayor que el 19%, pero no todos lo hayan consignado en la declaración de intereses, debido a que en la práctica son propiedades sobre las que no ejercen ningún control y de las que no obtienen ninguna renta (cumpliendo así tal vez con el espíritu de las reglas sobre la declaración de bienes, pero no tal vez con su letra).

Pero aún si así fuera, claro, esas múltiples propiedades tendrían poco que ver con la especulación y la extracción de rentas que imagina el sociólogo. En el caso de la diputada Honorato, por ejemplo, es fácil imaginar que los otros propietarios serán familiares, y que una o varias de esas viviendas estarán siendo habitadas por alguno de ellos. Así que, casi con seguridad, la contribución de la diputada Honorato y su familia a la especulación inmobiliaria en España sea cercana a cero. Desde luego, no la que podemos imaginar pensando que ella solita tiene cuatro viviendas.

En conclusión, hay que exigir transparencia a los políticos, y cosas como el registro de intereses son un gran paso en esa dirección. Y habría que demandar que se cumplimente con cuidado, detallando valores, porcentajes de participación.. Pero claro, también hay que exigir a los medios que utilicen esa información con rigor y con precisión. Porque la mala información es tan indeseable como la ausencia de ella